Durante el mes de junio se cerraron algunas subastas de interrumpibilidad que fijaron una retribución anual de 196 millones de euros. Una cifra que, aunque a priori parezca excesiva representa un 40 % menos que el cierre realizado en el año 2018.
El lunes 24 de junio de 2019, la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) comunicaba que este hecho contribuye a la desaparición de la competitividad entre las empresas de gran consumo y rogaba urgentemente resolver este estado de desigualdad competitiva.
Otra pieza clave dentro del sector eléctrico es el impuesto del 7 % a la generación que salió a la luz durante el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, el cual se suspendió temporalmente por el gobierno de Pedro Sánchez y que fue, nuevamente, regularizado en el mes de abril del año presente (2019).
Los expertos opinan sobre la subida del CO2
En palabras de AleaSoft, empresa española que “ofrece soluciones para realizar previsiones en el sector de la energía”, “este impuesto ha aumentado el precio del mercado eléctrico español en un 5.5 % de media, pasando a ser uno de los más caros de Europa”. Este impuesto del 7 % no solo afecta a las empresas productoras del sector sino que también recae sobre los consumidores eléctricos.
Así mismo, añaden que “no solo el impuesto del 7 % a la generación debería ser suprimido por el Gobierno sino toda la carga fiscal de la Ley 15/2012, con el céntimo verde a los hidrocarburos y las tasas a la nuclear y la hidráulica, que afectan tanto a los productores eléctricos nacionales como a los consumidores; grupos de generación eléctrica provenientes del extranjero a los que no se les aplica esta fiscalidad entran en la casación del mercado diario y mercados intradiarios, desplazando a grupos españoles que están gravados con estas tasas. Todos los consumidores se ven afectados por el alza de precios del mercado eléctrico, pero especialmente la industria electrointensiva”.
¿Qué opina la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE)?
Dentro de esta asociación se integran las industrias electrointensivas de las cuales hablamos en nuestro anterior artículo: “Todo lo que supone la subida de precio del CO2 (Parte I)”.
En el mes de junio emitieron un comunicado en el que expresaban su preocupación acerca de la caída de la retribución de la interrumpibilidad y donde pedían al Gobierno que empleara las medidas precisadas para bajar el precio del consumo de la electricidad entre 20 y 25 euros/megavatio y así poder equiparar sus costes de producción a los de sus competidores europeos.
Según este fragmento extraído de dicho comunicado: “el precio que pagan nuestras industrias es un lastre a su competitividad. Nuestro precio final de la electricidad es de 20 a 25 €/MWh más caro que el que pagan las mismas industrias en Francia y Alemania, donde sí cuentan con una política industrial eficaz”. A lo cual avisan que “o se apoya y fortalece a la industria en este periodo de transición energética o el país puede perder uno de los principales motores tractores de su economía”.