El pasado 21 de enero, el Gobierno declaró el estado de Emergencia Climática, tras el Consejo de Ministros, con el objetivo de restablecer las prioridades del país y constituir consciencia climática, tanto en el Gobierno como en la población. Teresa Ribera, Vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ha manifestado que “estamos alineados con los objetivos de la Unión Europea, los bancos, la sociedad, la ciencia y los jóvenes”.
Tras la declaración, se establecieron también una serie de líneas de acción —30 en total— y el Gobierno ha expuesto que 5 de estas se planean cumplir en los primeros 100 días.
Entre ellas se encuentra la aprobación de la Ley Cambio Climático y Transición Energética, la reducción de carbonización a largo plazo para conseguir neutralidad climática en 2050, establecer una asamblea ciudadana del cambio climático para potenciar la participación de la población, II Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la creación de Convenios de Transición Justa para la transformación industrial y del sector de servicios.
Con dichas líneas de acción en mente, el Gobierno busca impulsar un sistema energético 100 % renovable para que, para 2040, alrededor del 90 % de la energía generada sea 100 % renovable. Asimismo, ya no se darán subsidios a los combustibles fósiles —salvo en casos aislados— y se buscará la forma de transformar el sector productivo.
Las líneas de acción restantes se irán desarrollando a través del tiempo, con metas a largo plazo e incorporando medidas para que, así, la Administración Pública también se comprometa con dicha reforma.
